Siempre observé el buen desempeño de los que se dedicaban a la política por vocación y con transparencia en sus actos. Ellos pensaban en el bienestar de la población y respetando la democracia, las libertades, el equilibrio de poderes y el estado constitucional de derecho. Pude ver de cerca y de lejos a grandes políticos de antaño y siempre admiré en ellos tremendas cualidades, sin importar el color partidario.
Muchos de ellos destacaban en el Parlamento, ágora donde se debatían los grandes problemas nacionales y en la que se dictaban y aprobaban las normas a favor de los intereses del país. Observarlos en plena acción parlamentaria constituía cátedra de política, de economía, de derecho, de historia, entre otros, pero por sobre todo de decencia entre adversarios políticos.
Ahí el pueblo pudo conocer en el fragor del debate de cómo se iban construyendo las leyes, con discusión, respetando los procedimientos constitucionales, debatiendo en comisiones, preparando dictámenes y ya en el pleno se tomaban un tiempo para la “deliberación” final de la aprobación de las leyes. La pregunta es: ¿había confrontación de poderes? Por supuesto que sí, y era muy tensa por los temas políticos del momento. Sin embargo, siempre existió voluntad política de diálogo entre las bancadas y líderes políticos para generar puentes de consenso y buscar acuerdos comunes teniendo como marco jurídico la supremacía de la constitución.
Ahora los tiempos han cambiado y ya llevamos varios lustros en democracia por la renovación sucesiva de gobernantes y de congresistas. No obstante, sigue notándose un déficit en política y diálogo en democracia. Muchos de ellos son políticos amateurs, no sólo en lo jurídico sino en cuestiones constitucionales por el desconocimiento que se tiene del valor supremo que representa la constitución y el respeto que debe tenerse a los poderes del estado y al funcionamiento de los organismos constitucionales. Todo esto ha sido dejado de lado tras las últimas reformas constitucionales aprobadas en primera legislatura por el parlamento al haber eliminado la inmunidad parlamentaria y haberse extendido el recorte de prerrogativas a altas autoridades de las principales instituciones del Estado. Se modificaron cinco artículos de la Constitución (93, 99, 117, 161, 201).
Acá el Congreso de la República incurrió en exceso de poder y no debió aprobar las reformas en tiempo récord, más primó la política de confrontación con el Poder Ejecutivo que el raciocinio y la falta de “deliberación” que debió darse en la discusión legislativa. En democracia existen principios de separación de poderes y sistema de pesos y contra pesos, que deben respetarse en la forma y en el fondo, por tal razón éstas reformas carecen de una debida sustentación constitucional. Se ha socavado las bases del sistema democrático de las principales instituciones y de la autonomía de los Magistrados del Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, el Presidente de la República y los Ministros de Estado.
Una constitución no puede ser zarandeada en su contenido, no pueden aprobarse con sobresaltos y de confrontación política del momento. Señores legisladores, su función es representar al pueblo, legislar apegado a la constitución, preservando principios y valores que encarna ella bajo el régimen democrático y del Estado de Derecho que nos rige.
Exhortamos al Congreso que enmiende esta decisión de corte “populista” y se vuelva al cauce constitucional del respeto a la separación de poderes y de los organismos constitucionales dentro del marco de un Estado Constitucional de Derecho.
POR: Ana Elízabeth Velásquez Tica.
ResponderEliminar1. ¿Cómo puede definir el Análisis Económico del Derecho y si ésta es útil para el campo del derecho? Puede dar ejemplos.
En el análisis económico del derecho (AED), se pretende el uso de las herramientas económicas para analizar sistemas normativos, teniendo como principal objetivo la búsqueda de la eficiencia en los sistemas legales. Se aplica en los servicios públicos, Ej. En la simplificación administrativa, la responsabilidad por daños, los contratos, la justicia civil y criminal, los delitos y las penas, el derecho de familia, entre otras.
2. ¿Fundamente cuáles son los cambios que plantearía en la Constitución con relación a la parte económica y social?
La Constitución Política prevé un sistema de economía social de mercado. En consecuencia, la libre iniciativa privada, la libre empresa y la libertad de contratar, incluyendo necesariamente el derecho a determinar precios libremente, están garantizados como principios y derechos fundamentales, por lo que, para plantear la Ley de Regulación de Precios de Medicamentos para el tratamiento del coronavirus, sería necesario plantar cambios en los Art. 58, 62 de la Constitución Política de 1993.
3. ¿Establezca los puntos convergentes entre los Derechos de primera generación con los DESC y qué nuevos derechos debería incluirse en pleno Siglo XXI?
La dignidad humana y el derecho a una vida digna tanto los derechos civiles y políticos como los derechos económicos, sociales y culturales. Todos los derechos tienen en tal perspectiva una dimensión positiva y negativa, ya que todos ellos requieren de prestaciones estatales que tienen costos económicos para su efectiva garantía, como son el funcionamiento de un aparato jurisdiccional eficaz del Estado, una policía competente, registros de propiedad, entre otros aspectos, como asimismo, una dimensión negativa o de abstención de vulneración tanto por el Estado (como una legislación que vulnere los derechos o que afecte su contenido esencial o la prohibición de retroceso sin justificación), como por los particulares, cuando estos realizan actos u omisiones que afectan los derechos o adoptan actos jurídicos vulneradores de tales derechos.
4. ¿Puede destacar la importancia de esta materia jurídica llevada dentro de los estudios doctorales en derecho?
Estudiar en la asignatura de Fundamentos Sociales y Económicos del Derecho, el tema de Análisis Económico del Derecho, me ha permitido entender que esta modalidad de análisis es útil para el estudio de cualquier área del Derecho. Convirtiéndose en un campo no arribado con profundidad en el Perú, que permitirá plantar problemas de investigación.
ANA ELÍZABETH VELÁSQUEZ TICA
DOCTORADO . UNSAAC