El asesinato de Solsiret Rodríguez, activista de derechos humanos ha conmocionado al país en los últimos días por la terrible muerte de la joven universitaria, de 23 años de edad, quien desapareció el pasado 23 de agosto de 2016 y cuatro años después su cadáver fue encontrado totalmente cercenada, en el interior de la casa de Andrea Aguirre, pareja de su cuñado, Kevin Villanueva.
Cuando ocurrió la desaparición de la joven, los padres fueron a presentar la denuncia ante la Policía Nacional, sin embargo no fue admitida, los agentes policiales, minimizaron los hechos y no dispusieron ninguna indagación preliminar; grave error de la policía al incumplir con los deberes que la constitución establece de brindar protección a la ciudadanía. La policía debió recibir la denuncia, impulsar las primeras acciones e investigar los hechos, pro esto no ocurrió.
Fue la persistencia de los padres quienes no cesaron en llevar a cabo investigaciones propias tratando de ubicar el paradero de su hija. A partir de ese momento empezaron las investigaciones oficiales, pero las actuaciones fueron deficientes de las instituciones tutelares del estado tanto a nivel policial y la fiscalía. Cuando los padres acudieron a otras instancias del Estado como el Ministerio de la Mujer, tampoco pudieron encontrar una ayuda eficaz. Una vez más estas instituciones demostraron ineficacia absoluta en las investigaciones. El Ministerio Público no realizó ningún avance en las indagaciones, no tomaron medidas inmediatas de ubicación del paradero. A estas alturas han sido capturados los autores materiales de crimen, se ha dictado prisión preventiva por nueve meses por el delito de Homicidio Calificado. La Fiscalía en esta etapa deberá probar la culpabilidad y deberán ser castigados los autores con todo el rigor de la ley por el delito cometido.
Al presente y según diversas fuentes en el Perú existen más de 2000 mujeres desparecidas. ¿Qué han hecho las autoridades para lograr con su ubicación? ¿Existe algún protocolo de atención de búsqueda inmediata para casos de mujeres desaparecidas? Es importante que se activen los mecanismos de alerta cuando ocurra la desaparición de una mujer. El Estado no debe seguir incurriendo en una falta de negligencia frente a estos hechos graves de sucesivas violaciones a los derechos humanos de las mujeres y del cual se viene convirtiendo entre las más vulnerables por la falta de protección de la sociedad y del Estado.
Por otro lado es importante destacar que el Perú al ser parte del sistema interamericano de protección de derechos humanos, la Corte Interamericana ha venido señalando a través de su jurisprudencia estándares de alto nivel referido a la actuación que debe tener el estado en casos de personas desaparecidas. En el caso Gonzales y otras (“Campo Algodonero”) vs. México , la Corte dispuso directrices con relación a las personas desaparecidas, el tribunal señaló lo siguiente:
El Estado deberá, en un plazo razonable, adecuar el Protocolo Alba, o en su defecto implementar un nuevo dispositivo análogo, conforme a las siguientes directrices, debiendo rendir un informe anual durante tres años:
i) implementar búsquedas de oficio y sin dilación alguna, cuando se presenten casos de desaparición, como una medida tendiente a proteger la vida, libertad personal y la integridad personal de la persona desaparecida;
ii) establecer un trabajo coordinado entre diferentes cuerpos de seguridad para dar con el paradero de la persona;
iii) eliminar cualquier obstáculo de hecho o de derecho que le reste efectividad a la búsqueda o que haga imposible su inicio como exigir investigaciones o procedimientos preliminares;
iv) asignar los recursos humanos, económicos, logísticos, científicos o de cualquier índole que sean necesarios para el éxito de la búsqueda;
v) confrontar el reporte de desaparición con la base de datos de personas desaparecidas, y
vi) priorizar las búsquedas en áreas donde razonablemente sea más probable encontrar a la persona desaparecida sin descartar arbitrariamente otras posibilidades o áreas de búsqueda.
Todo lo anterior deberá ser aún más urgente y riguroso cuando la desaparecida sea una niña.
Así mismo señaló que frente a la no actuación eficaz de las autoridades que el Estado deberá, dentro de un plazo razonable, investigar, por intermedio de las instituciones públicas competentes, a los funcionarios acusados de irregularidades y, luego de un debido proceso, aplicará las sanciones administrativas, disciplinarias o penales correspondientes a quienes fueran encontrados responsables, conforme a lo expuesto en los párrafos 456 a 460 de esta Sentencia.
Por lo expuesto, en el presente caso de Solsiret, sino se da un juicio justo y un castigo ejemplar por la forma como la asesinaron, los padres de la víctima no dudarán en acudir ante las instancias internacionales para hacer valer sus derechos denunciando al estado peruano por la violación de los pactos y convenciones internacionales de derechos humanos del cual fueron víctimas desde un inicio de las investigaciones.
