Aprendiendo a leer la Constitución: desde su contenido, jurisprudencia y casos prácticos

Conociendo los artículos de la Constitución.- 

El artículo 103° permite conocer los alcances de varios principios jurídicos relacionados a la aplicación temporal de la ley, su vigencia, retroactividad de ley penal, derogación de la ley, inconstitucionalidad de la ley y abuso del derecho. Así mismo cuando se refiere a la aplicación de las normas en el tiempo, existen dos teorías que debemos conocer: la teoría de los derechos adquiridos y la teoría de los hechos cumplidos. i) La teoría de los derechos adquiridos, recogida por la Constitución Política del Perú de 1979, sostiene que una vez que un derecho ha nacido y se ha establecido en la esfera de un sujeto, las normas posteriores que se dicten no pueden afectarlo. Esta teoría busca proteger la seguridad de los derechos de las personas. ii) La teoría de los hechos cumplidos, sostiene que cada norma jurídica debe aplicarse a los hechos que ocurran durante su vigencia, es decir, bajo su aplicación inmediata. Entonces, si se genera un derecho bajo una primera Ley y luego de producir cierto número de efectos esa ley es modificada por una segunda, a partir de la vigencia de esta nueva ley, los nuevos efectos del derecho se deben adecuar a ésta y ya no ser exigidos más por la norma anterior bajo cuya vigencia fue establecido el derecho de que se trate. 

Todos los temas contenidos en el precitado articulo han sido interpretados en sus alcances por el Tribunal Constitucional en diferentes ejecutorias, el cual destacamos entre las más relevantes para su lectura y del cual lo enriquecerá aún más en su conocimiento jurídico-constitucional, como por ejemplo que en nuestro ordenamiento jurídico se rige por la teoría de los hechos cumplidos, consagrada en el artículo 103°.

Adjunto al final, casos prácticos en donde el lector comprobará su aprendizaje sobre los temas desarrollados contando con la interpretación efectuada por el TC. Todo esto le va a permitir crecer en un saber jurídico dentro de su formación y/o perfeccionamiento.

Finalmente adjunto para consultar la Décima Primera Edición Oficial de la Constitución publicada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de fecha 9 de noviembre del 2016.

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CAPÍTULO II

DE LA FUNCION LEGISLATIVA

103°. Pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no por razón de la diferencia de personas. La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efecto retroactivos; salvo en ambos supuestos, en materia penal, cuando favorece al reo. La ley se deroga solo por otra ley. También queda sin efecto por sentencia que declara su inconstitucionalidad. La Constitución no ampara el abuso del derecho.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Exp. 05052-2011-PC/TC, FJ 7,8

Proscripción de la retroactividad salvo cuando beneficie al reo.

1.     7. "Este Tribunal ha recordado que, conforme a lo dispuesto por el artículo 103 de la Constitución, “la ley, desde su entrada en vigor, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en materia penal cuando favorece al reo” (énfasis agregado). De esta forma, concluyo que la propia Constitución no solo cierra la posibilidad de nivelar las pensiones de los jubilados con las de los servidores en actividad a futuro, sino que además determina que un pedido como el del demandante deba ser desestimado en tanto que no resulta posible, el día de hoy, disponer el pago de dinero en atención a una supuesta disparidad pasada.

2.      

3.     8. Por lo indicado, la nivelación pensionaria establecida para las pensiones de cesantía otorgadas conforme al Decreto Ley 20530, en aplicación de lo establecido por la Ley 23495 y su norma reglamentaria, no constituye, por razones de interés social, un derecho exigible, más aun cuando el abono de reintegros derivados del sistema de reajuste creado por el instituto en cuestión no permitiría cumplir con la finalidad de la reforma constitucional, esto es, mejorar el ahorro público para lograr el aumento de las pensiones más bajas. A ello debe agregarse que en la STC 0050-2004-AI/TC y otros, este Colegiado ha señalado que `no [se] puede ni [se] debe avalar intento alguno de abuso en el ejercicio del derecho a la pensión".

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Exp. 03509-2009-HC/TC, FJ 14,15

Aplicación de la retroactividad benigna a las normas penales materiales

1.     14. [...] es también conocido que por mandato expreso de la Carta Fundamental del Estado una norma no puede ser aplicada de modo retroactivo, salvo en materia penal cuando favorece al reo. Así, el artículo 103° ha precisado literalmente que: “…Ninguna ley tiene fuerza ni efecto retroactivos, salvo en materia penal cuando favorece al reo…”. Esta excepción es aplicable a las normas del derecho penal material, por ejemplo, en caso de que, posteriormente a la comisión del delito, entre en vigencia una norma que establezca una pena más leve. Por su parte el artículo 6° del Código Penal prescribe que se aplicara la norma vigente al momento de la comisión del delito y, en caso de conflicto de normas penales en el tiempo, se aplicara la más favorable.

     15. Respecto a la irretroactividad de la ley, este Colegiado Constitucional ha tenido la oportunidad de afirmar que: “… La aplicación retroactiva de las normas se produce cuando a un hecho, relación o situación jurídica se les aplica una norma que entro en vigencia después que estos se produjeron. Nuestro ordenamiento prohíbe la aplicación retroactiva de las normas. Como excepción a la regla se permite la aplicación retroactiva en materia penal, cuando favorece al reo…” (STC No 1300-2002-HC/TC). No obstante esta definición, no debe ser aplicada de modo literal, sino que debe existir una interpretación activa, es decir, caso por caso. Así lo ha entendido el Tribunal Constitucional el cual ha señalado en un proceso constitucional de habeas corpus que: “…El alegato del recurrente para cuestionar el proceso penal por el delito de corrupción de funcionarios en la modalidad cohecho pasivo impropio, se basa en que al momento de la comisión del mismo no estaba tipificada la conducta delictiva por la que se le condena y en que recién con la modificatoria del 6 de octubre de 2004 se amplía el hecho típico. Sin embargo, la conducta delictiva si se encontraba tipificada en el artículo 394 del Código Penal, con anterioridad a dicha modificatoria, lo que era suficiente para la configuración del tipo penal...”.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Exp. 008-2008-PI/TC, FJ 72,73

Prevalencia de la teoría de los hechos cumplidos

1.     72. […] este Tribunal ha pronunciado en reiterada jurisprudencia que nuestro ordenamiento jurídico se rige por la teoría de los hechos cumplidos, estableciendo que “(…) nuestro ordenamiento adopta la teoría de los hechos cumplidos (excepto en materia penal cuando favorece al reo), de modo que la norma se aplica a las consecuencias y situaciones jurídicas existentes’ (STC 0606-2004-AA/TC, FJ 2). Por tanto, para aplicar una norma (…) en el tiempo debe considerarse la teoría de los hechos cumplidos y, consecuentemente, el principio de aplicación inmediata de las normas” [22]. (subrayado agregado)

2.     73.  Se colige de ello que toda norma jurídica desde su entrada en vigencia es de aplicación a las situaciones jurídicas existentes, y que la teoría de los derechos adquiridos tiene una aplicación excepcional y restringida en nuestro ordenamiento jurídico, pues únicamente se utiliza para los casos que de manera expresa señala la Constitución, tal como ya lo ha establecido el Tribunal Constitucional cuando determinó que “(…) la aplicación ultractiva o retroactiva de una norma sólo es posible si el ordenamiento lo reconoce expresamente –a un grupo determinado de personas– que mantendrán los derechos nacidos al amparo de la ley anterior porque así lo dispuso el Constituyente –permitiendo que la norma bajo la cual nació el derecho surta efectos, aunque en el trayecto la norma sea derogada o sustituida-; no significando, en modo alguno, que se desconozca que por mandato constitucional las leyes son obligatorias desde el día siguiente de su publicación en el Diario oficial (…)”[23]. (subrayado agregado)

EJERCICIOS PRÁCTICOS VINCULADO A LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS EN EL TIEMPO

I: Aplicación de las normas en el tiempo

Sobre aplicación de las normas en el tiempo:  

a) En materia laboral se admite la aplicación retroactiva de las normas cuando favorecen al trabajador.

b) La Constitución peruana reconoce la aplicación de la teoría de los derechos adquiridos para el caso de pensiones del régimen público.

c) La Constitución peruana reconoce la aplicación de la teoría de los hechos cumplidos como regla general de vigencia de normas en el tiempo.

d) La teoría de los derechos adquiridos sólo se aplica a los contratos de trabajo de naturaleza intermitente.

II: Casos Prácticos:

Caso 1°. - Responda la siguiente pregunta:

La Ley 1 fue aprobada el 28 de enero del año 2010. Tres meses después se emitió su reglamento. El 30 de octubre de 2011 se promulga la Ley 2 que deroga la Ley 1, sustituyéndola íntegramente. Aunque algunos artículos de la Ley 2 eran iguales a los de la Ley 1, gran porcentaje de sus artículos contradecían a los de la Ley 1 así como a los de su reglamento. La Ley 2 no menciona nada acerca del reglamento de la Ley 1 y aún no ha sido reglamentada.  Considerando estos hechos responda a las siguientes preguntas:

1. ¿Cuál es la situación del reglamento de la Ley 1 tras la derogación de esta ley por la Ley 2?

a. Ha sido expresamente derogado por la Ley 2.

b. Se mantiene vigente hasta que no se dicte el reglamento de la Ley 2 que expresamente le deje sin efecto.

c. Desde la vigencia de la Ley 2 se asume como derogado de modo indirecto.

d. Se convierte automática e íntegramente en el reglamento de la Ley 2.

Caso 2°. - Si, posteriormente, se emite una Ley 3 que únicamente deroga (sin sustituir) a la Ley 2, señale la opción correcta:

a. La ley 1 y el reglamento recuperan automáticamente su vigencia al haberse derogado la ley que los derogó.

b. Sólo la Ley 1, mas no su reglamento, recupera automáticamente su vigencia al haberse derogado la ley que la derogó.

c. La Ley 1 seguirá derogada tras la derogación de la Ley 2.

d. La Ley 1 seguirá derogada, pero su reglamento se convierte automáticamente en el reglamento de la Ley 3.

Caso 3°. - La empresa CADISA con domicilio en el departamento de Loreto, adquiere un cargamento de mercadería sin pagar el Impuesto General a las Ventas (IGV), toda vez que esta zona del país se encuentra exonerada del pago de dicho tributo. Sin embargo, esa misma mercadería es llevada por CADISA al departamento de San Martín para su comercialización, lugar donde no rige dicha exoneración. La operación es descubierta y los directivos de CADISA son denunciados por la comisión de delito tributario. Sin embargo, a los dos meses de iniciado el proceso penal, una ley incluyó al departamento de San Martín en el mismo régimen de exoneración que rige en el departamento de Loreto, ante lo cual los procesados solicitan el archivo del proceso alegando el principio de retroactividad benigna. Marque la respuesta correcta:

a. No es posible imputar delito tributario alguno a los directivos de CADISA porque el obligado tributario es la persona jurídica (CADISA) y no sus directivos, por lo que estos no pueden ser sujetos activos de dicho injusto típico.

b. El proceso debe archivarse en aplicación del principio de retroactividad benigna de la ley que complementa la ley penal en blanco^[1].

c. El principio de retroactividad benigna no resulta aplicable toda vez que con la ley que incluye a San Martín en el régimen de exoneración, no se ha verificado un cambio de valoración del hecho respecto de su naturaleza típica.

d. El proceso debe archivarse en aplicación del principio de retroactividad benigna de la ley penal en blanco.

Caso 4°. - Juan, hijo de un alto funcionario del Estado, es secuestrado por el delincuente Ramiro el 24 de octubre de 2011. Debido al escándalo, el Congreso decide en enero modificar el tipo penal de secuestro básico (Art. 152° CP) y aumenta la pena, la misma que no puede ser menor de 25 ni mayor de 35 años (Ley 2). La norma anterior establecía una pena no menor de 20 ni mayor de 30 años (Ley 1). Esta norma se promulga el 26 de enero de este año. El delincuente es identificado por la Policía y detenido el 06 de febrero de este año. En esta fecha es liberado Juan. El juez al momento de sentenciar que norma debe aplicar:

a. La Ley 1 por aplicación del principio de la ley más favorable

b. La Ley 1 por tratarse de la ley vigente al momento de realizarse el hecho.

c. La Ley 2 por aplicación inmediata de la norma penal

d. La Ley 2 por aplicación de las reglas de concurso ideal de leyes penales

Caso 5°. - (Tomar en cuenta el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación-CVR con relación a que se aprecia una situación de práctica generalizada y sistemática de violación de los derechos humanos entre los años 1983-1986 y 1989- 1992).

Cinco oficiales del Ejército peruano y ocho suboficiales vienen siendo procesados por delito de desaparición forzada de personas en agravio de tres estudiantes de la Universidad del Centro los cuales fueron detenidos y posteriormente desaparecidos a partir del 23 de octubre de 1992, siendo hasta el momento desconocido su paradero.

El proceso penal se inició el 3 de septiembre de 1993 con la resolución de apertura de instrucción. Sin embargo fue archivado mediante auto de 26 de octubre de 1995 en razón de los efectos de la Ley de Amnistía dada por el Congreso de la República en junio de 1995 (Ley N° 27479). El proceso fue reiniciado el 3 de abril de 2002 como consecuencia de la sentencia de la CIDH (Caso Barrios Altos) de marzo de 2001 que establece la invalidez de la referida ley de amnistía. Como consecuencia del tiempo transcurrido en este y otros casos semejantes, el gobierno ha considerado excesiva la duración de los procesos en contra de miembros de las fuerzas armadas y fuerzas policiales.

Para tal efecto, aprovechando las potestades legislativas delegadas por el parlamento en materia de criminalidad organizada, el Poder Ejecutivo expidió el 11 de mayo de 2011 el Decreto Legislativo N° XXXX que disponía textualmente lo siguiente: “El juez o la Sala competente, según el estado del proceso, dispondrá la correspondiente resolución de sobreseimiento a favor de aquellos procesados que hayan sufrido el exceso del plazo de procesamiento previsto para los delitos que impliquen violaciones graves de los derechos humanos.

Se considera vulnerado en exceso el plazo de procesamiento cuando éste supera 8 años desde la fecha de la resolución que decide la apertura de instrucción sin que el órgano jurisdiccional haya emitido sentencia firme”. El 12 de mayo de 2011, cada uno de los acusados solicitó a la Sala donde se seguía el proceso (juicio oral) el archivamiento dedel proceso dado el vencimiento en exceso del plazo establecido en el referido Decreto Ley.

Pregunta:

Teniendo en cuenta la fecha a partir de la cual se produjo la desaparición de la víctima, cómo calificaría la aplicación del delito de desaparición forzada (320 CP) a este caso:

a) Se trata de una ampliación ultractiva benigna y como tal permitida

b) Se trata de una aplicación del principio de la ley penal más favorable.

c) Se trata de una aplicación inmediata dado que el tipo penal se aplica a un hecho que se realiza con posterioridad a su vigencia.

d)  Se trata de una aplicación retroactiva desfavorable y como tal prohibida por la Constitución.

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[1] Por ley penal en blanco se entiende cuando el supuesto de hecho no se encuentra regulado por completo en la norma legal, por lo que se debe acudir a otra norma jurídica con el mismo rango o de rango inferior para poder completarlo.