¿Qué consecuencias traería modificar el 140° sobre la aplicación de la pena de muerte?

1.Introducción.- En los últimos días se ha venido debatiendo por diferentes sectores de la población la conveniencia de modificar la Constitución Política para restituir la aplicación de la pena de muerte por casos de violación de menores. Al respecto, más allá de lo repudiable que pueda generar estos hechos  delictivos y el clamor popular de exigir la sanción más drástica  en el castigo,  se viene impulsando una iniciativa legislativa en relación a la aplicación de la pena de muerte para estos autores. La cuestión es ver  si es viable y las implicancias que generaría en caso de aprobarse.

2. La Constitución de 1993 y la CADH.- Desde el enfoque constitucional  no solo va de modificar el artículo 140° de la Constitución, el cual prescribe que: “La pena de muerte solo puede aplicarse por el delito de traición a la Patria en caso de guerra, y el de terrorismo, conforme a las leyes y a los tratados”, sino que el Estado Peruano tendría que iniciar todo un proceso internacional de denuncia (retiro) de la Convención Americana de Derechos Humanos[1]. Más aun tomando en cuenta que hay países que han abolido y limitado la pena de muerte. En el caso nuestro no se ha abolido de manera absoluta, por lo indicado ut supra, lo que será inviable su restitución o ampliación en otros supuestos no contemplados.

3. La prohibición de ampliar o extender la aplicación de la pena de muerte a nuevos delitos.- La Opinión Consultiva OC-14-94, pronunciada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 9 de diciembre de 1994, en relación a la solicitud hecha por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con relación a la aprobación del artículo 140 de la Constitución Peruana de 1993 señaló en síntesis que el Perú no podía extender la aplicación de nuevos supuestos de pena de muerte. Por otro lado, frente a un posible retiro de la Convención quedariamos desamparados del Sistema Interamericano de Protección Derechos Humanos., ya que el retiro sería por la totalidad de la CADH y no por un solo artículo.

4.- Por consiguiente cualquier intento de cambiar artículos de la constitución devendría en incompatible y violatorio con lo establecido en la Convención, por las razones expuestas y en caso de retiro el Estado peruano quedaría sin protección de los derechos humanos a nivel del sistema interamericano. Además hay que tener presente que no todo cambio de la normatividad garantizaría una reducción de los delitos, tal como lo demuestra las estadísticas de criminalidad en otros países.

Adjunto jurisprudencia del Tribunal Constitucional en donde analiza los parámetros de los alcances interpretativos de nuestro ordenamiento jurídico nacional y el ordenamiento  jurídico internacional en relación a la pena de muerte.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Exp. 00489-2006-HC/TC, FJ de 16 a 22

Vinculatoriedad de los tratados sobre derechos humanos

1.        16. "Conforme al artículo 140° de nuestra Constitución Política: “La pena de muerte solo puede aplicarse por el delito de             traición a la Patria en caso de guerra, y el de terrorismo, conforme a las leyes y a los tratados de los que el Perú es parte       obligada”.

2.     

       17. Tal como se deduce de la misma Norma Fundamental, la virtualidad de este dispositivo se encuentra condicionada a su conformidad con los tratados en los que el Estado peruano sea parte. Adicionalmente debe acotarse que si bien el artículo 55.o de la Constitución es una regla general para todos los tratados establece también una regla especial para los tratados de derechos humanos en el sistema de fuentes. En efecto, la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución dispone que: “Las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú”.

3.       

         18. Como puede apreciarse los tratados constituyen parámetro de constitucionalidad en materia de derechos y libertades. Es decir no solo resultan incorporados a nuestro derecho nacional –conforme al artículo 55o de la Constitución– sino que, además, por mandato de ella misma, son incorporados a través de la integración o recepción interpretativa. [Cfr. Exp. 047-2004-AI].

4.        

       19. Conforme al artículo 4o de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (segundo y tercer párrafos): “2. En los países que no han abolido la pena de muerte, esta solo podrá imponerse por los delitos más graves, en cumplimiento de sentencia ejecutoriada de tribunal competente y de conformidad con una ley que establezca tal pena, dictada con anterioridad a la comisión del delito. Tampoco se extenderá su aplicación a delitos a los cuales no se la aplique actualmente. 3. No se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido”.

5.      

       20. Es preciso señalar que la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos fue aprobada mediante Decreto Ley 22231, publicado el 12 de julio de 1978. A partir de la vigencia de la Constitución de 1979, conforme a su artículo 235°, nuestro ordenamiento solo contemplaba la pena de muerte para los casos de traición a la patria en caso de guerra exterior. Así, conforme al precitado artículo de la Convención Americana, nuestro país no puede aumentar los supuestos en los que se contemple la aplicación de la pena de muerte. La extensión de estos supuestos implicaría una violación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

6.       

      21. Conviene enfatizar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha tenido oportunidad de pronunciarse al respecto en la Opinión Consultiva N.° 14/94, del 9 de diciembre de 1994, en la cual señala que: “(...) la promulgación de una ley manifiestamente contraria a las obligaciones asumidas por un Estado al ratificar o adherir a la Convención constituye una violación de esta (...)”.

22. Es por ello que la promulgación de una ley tendiente a ampliar los supuestos de pena de muerte no solo resulta inconstitucional, por instituir una pena que resulta contraria al principio resocializador de la pena, así como a la dignidad humana, sino que implicaría la responsabilidad internacional del Estado peruano

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[1] La Convención Americana de Derechos Humanos fue suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, celebrada en la ciudad de San José, Costa Rica, del 7 al 22 de noviembre de 1969. El Perú la suscribió el 27 de julio de 1977, realizando el depósito del instrumento de ratificación del tratado el 28 de julio de 1978.  La Constitución peruana de 1979, en la Décimo Sexta de sus Disposiciones Generales y Transitorias, confirió ratificación constitucional expresa a esta Convención, así como al sometimiento a la competencia contenciosa de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No obstante, el sometimiento a la competencia jurisdiccional de la Corte fue nuevamente ratificado por el gobierno democrático ulterior, el 21 de enero de 1981.